Abogados Mercantilistas y de Empresa

Ambos son títulos cambiarios regulados por la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque. La principal diferencia radica en la posición de las partes: en la letra de cambio intervienen tres sujetos (librador, librado y tomador), mientras que en el pagaré solo hay dos (firmante y tenedor), porque el propio deudor se compromete a pagar directamente. En caso de impago, el tenedor puede ejercitar la acción cambiaria mediante el juicio cambiario previsto en los arts. 819 y ss. de la LEC, con la ventaja del embargo preventivo inmediato.

La ley impone al deudor la obligación de solicitar el concurso cuando se encuentre en situación de insolvencia actual, es decir, cuando no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. El incumplimiento de este deber puede conllevar la calificación del concurso como culpable, con consecuencias graves para los administradores. Sin embargo, antes de llegar a esa situación existen mecanismos preconcursales —como los planes de reestructuración de la Ley 16/2022— que permiten renegociar la deuda sin abrir un procedimiento concursal formal. Cuanto antes se actúe, mayores son las opciones de mantener la empresa en funcionamiento.

Sí. La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (modificada por la Ley 15/2010) establece un tipo de interés de demora que se aplica automáticamente en las operaciones entre empresas, salvo pacto en contrario dentro de los límites legales. Además, el acreedor tiene derecho a reclamar una compensación por los costes de cobro. Los plazos de pago máximos fijados por esta norma son de 30 días para las Administraciones Públicas y, salvo pacto, 60 días para operaciones comerciales entre empresas. La reclamación de estos intereses forma parte habitual de nuestras demandas de impago.

Un pacto de socios eficaz debe regular, como mínimo, el gobierno de la sociedad (mayorías reforzadas, derecho de veto, nombramiento de administradores), los mecanismos de entrada y salida de socios (derechos de adquisición preferente, cláusulas de arrastre y acompañamiento, valoración en caso de transmisión), los pactos de no competencia y confidencialidad, y las consecuencias del incumplimiento. A diferencia de los estatutos, el pacto de socios es un documento privado entre las partes, por lo que su régimen de oponibilidad frente a terceros es más limitado y hay que diseñarlo con cuidado para que sea ejecutable.

Por supuesto. Atendemos tanto a sociedades mercantiles como a empresarios individuales y autónomos de Aranda de Duero, la Ribera del Duero, el sur de Burgos y toda Castilla y León. Ofrecemos consulta presencial en nuestra sede de la calle Barrionuevo, 9, en Aranda de Duero, así como videoconsulta y desplazamiento cuando el asunto lo requiere. Puede llamarnos al +34 947 51 16 92 o escribir a info@haroabogadosyeconomistas.com.